La falta de rentabilidad y las cuantiosas inversiones a realizar hacen que sean pocas las compañías que destinen esfuerzos e inversiones en investigar y desarrollar nuevos antibióticos. De hecho, actualmente hay sólo 41 antibióticos en investigación, de los que tan sólo tres pueden acabar con más del 90 por ciento de las cepas definidas como problemas de salud pública. Esta situación empeora un problema a nivel global que podría acabar con la vida de 10 millones de personas al año para 2050.

El mundo está siendo testigo de una gran amenaza silenciosa que poco a poco va ganando terreno, las resistencias antimicrobianas o superbacterias, están poniendo en riesgo la salud pública mundial. A medida que se conocen más datos la inequietud entre la comunidad científica va en aumento. La escala y la naturaleza de esta amenaza podrían echar por tierra logros en materia de desarrollo que costaron mucho esfuerzo. Si las resistencias a los antibióticos se propagan sin control muchas enfermedades infecciosas volverán a ser intratables. Volviendo, a lo que muchos denominan, la ‘era pre-antibiótica’.

Noviembre es el mes elegido, la fecha en la que se decidirá el emplazamiento de la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. El Consejo Europeo ha hecho público el pliego de requisitos que deben cumplir las ciudades que pretendan acoger la sede de la agencia reguladora.

A menudo se habla de la industria farmacéutica como un proveedor más del Sistema Nacional de Salud. Es cierto, pero la peculiaridad de este sector es que permite retornar al sistema un valor económico que en la mayoría de los casos compensa la inversión que hace el Estado. Empleo, contribución al Producto Interior Bruto, balanza comercial… Estos indicadores, además del intrínseco aporte a la salud de la ciudadanía, evidencian la labor que realiza la industria farmacéutica.

Las terapias inmunológicas hoy en día ya son una realidad. El vertiginoso desarrollo de la inmunología y sus aplicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas, han posibilitado la apertura de un nuevo sendero hacia el tratamiento de enfermedades hasta el momento incurables. Aunque el potencial que presenta el crecimiento de esta ciencia es abrumador e indiscutible, la velocidad con la que los nuevos avances amplían y modifican el arsenal terapéutico supone un reto para la industria farmacéutica y para el resto de profesionales sanitarios implicados en este tipo de terapias.

La libre competencia no se aplica igual en todos los sectores. En los mercados relacionados con la industria farmacéutica los operadores deben someterse estrictamente a las condiciones marcadas por la regulación, porque los riesgos asociados para los ciudadanos son especialmente sensibles en el ámbito sanitario. Cualquier error en la difusión y el uso de los fármacos, supone una gran responsabilidad tanto para los profesionales y empresarios del sector como para las Administraciones Públicas sanitarias.

Actualmente sólo existen 10 terapias avanzadas aprobadas por la Comisión Europea y, de estas, cuatro se han retirado de la comercialización. Además del tiempo para su desarrollo, los costes también suponen una barrera. Una de las mayores inversiones se destina a cumplir con los estándares de calidad, seguridad y eficacia establecidos por las autoridades reguladoras, y esto representa uno de los mayores desafíos. Desde el sector abogan por trabajar en una armonización que facilite la rápida incorporación de estas terapias en el mercado.

Tras la aprobación en Europa de las primeras terapias de células T con receptores de antígenos quiméricos, los estados se enfrentan al reto de hacer estos novedosos y prometedores tratamientos accesibles para los pacientes. Crear sistemas de financiación novedosos y flexibles se perfila como crucial para un segmento que dispone de un pipeline prometedor.

Las compañías farmacéuticas afincadas en España cuentan con 137 fábricas que producen un negocio de 15.000 millones de euros, de los que 11.000 millones van a exportaciones. Además, en 2017 dedicaron 1.150 millones de euros a investigación, lo que supone el 21 por ciento de toda la I+D industrial española.