| La unidosis no es un
programa para la contención del gasto”, subrayó
la ministra de Sanidad, Ana Pastor, cuando anunció la puesta
en marcha del proyecto-piloto de dispensación personalizada
de antibióticos en unidosis, para acabar con las especulaciones
sobre el verdadero objetivo de la medidas y las persistentes críticas
a la misma.
Así, Pastor dejó claro que el propósito de
esta iniciativa, que se desarrolla en cuatro comunidades, era impulsar
una política de uso racional del medicamento, para que el
paciente tenga la mayor adhesión posible al tratamiento,
evitando, de esta manera, su administración incompleta en
el tiempo, su ineficacia terapéutica y la aparición
de resistencias bacterianas.
Cuando el pasado mes de diciembre, el subsecretario de Sanidad,
Pablo Vázquez, reveló en el Congreso de los Diputados
la intención del Ministerio de adecuar la dispensación
de los antibióticos a la dosis prescrita por el médico,
las administraciones autonómicas aplaudieron la iniciativa,
aunque no todas decidieron formar parte de ella. No ocurrió
así con los farmacéuticos, cuyos representantes profesionales
y empresariales se mostraron, salvo algunas excepciones, contrarios
al proyecto del Ministerio.
A partir de ese momento, y mientras los responsables autonómicos
de Farmacia negociaban su incorporación al proyecto de unidosis,
comenzaron las conjeturas en torno a la dificultad de armonizar
sus aspectos técnicos y legales y la posibilidad o no de
que esta medida generase ahorro en la factura pública en
medicamentos.
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El primer borrador que
se presentó en las reuniones contemplaba cuatro puntos del
programa: la inclusión del grupo terapéutico J; la
aplicación del pago por acto farmacéutico en lugar
de mantener el actual margen sobre el precio del medicamento; los
cambios en el etiquetado del envase y el prospecto y la creación
de un nuevos sistema de facturación para que el farmacéutico
pudiese facturar en relación al número de unidades
dispensadas.
Postura de los farmacéuticos
Así, en cuanto a las dificultades legales del proyecto, algunos
farmacéuticos y expertos en derecho de salud aseguraron que
la unidosis contravenía varias normas de la actual regulación
farmacéutica, entre ellas el RD 5/2000 (que fija el margen
de la farmacia) y el artículo 5 de la Ley del Medicamento
que hace referencia a las obligaciones del farmacéutico.
Según subrayaron, este sistema se basa en la manipulación
y reenvasado de los medicamentos en la farmacia para adecuar la
dispensación a las dosis prescritas por el médico,
por lo tanto habría que añadir a las funciones de
custodia, conservación y dispensación de fármacos
que esta ley otorga al farmacéutico la del reenvasado.
Sin embargo, otros expertos consultados por este periódico,
como Ramón Gisbert, profesor de Economía de Empresa
de la Universidad de Vic (Barcelona) subrayaron que no era necesaria
la modificación de ninguna norma. “La máxima
expresión de la manipulación de los medicamentos por
el farmacéutico es la Formulación Magistral y es evidente
que la actual legislación la ampara”, argumentó
Gisbert.
En relación a esta polémica, Ana Pastor replicó
que todo el programa de unidosis se ajusta a la legalidad vigente,
lo que hace innecesaria la modificación de ningún
tipo de normativa.
Respecto a los problemas técnicos que pudiera ocasionar este
proyecto, las razones más esgrimidas hacían referencia
al incremento del trabajo que esto ocasionaba el farmacéutico
o la dificultad de dispensar un tratamiento tan urgente a pacientes
agudos de forma dosificada. Pero sobre todo, los farmacéuticos
señalaron que la manipulación de los envases “podría
provocar una ruptura de la cadena de seguridad del fármaco,
un incremento de los errores y un mayor riesgo para la salud del
paciente”, razonó Francisco Zaragozá, catedrático
de Farmacología de la Universidad de Alcalá de Henares.
Sin embargo, en lo que se refiere a la posibilidad de que la unidosis
generase ahorro farmacéutico, todos los agentes involucrados
de una u otra forma en la iniciativa coincidieron desde el principio
en la opinión de que esto no ocurriría por varios
motivos. En primer lugar, porque los costes derivados de la puesta
en marcha de la medida podrían ser incluso superiores a su
capacidad de influir en el ahorro; en segundo lugar, porque sólo
dos de los antibióticos incluidos en el programa (claritromicina
y ciprofloxacino) están dentro de los 35 principios activos
más consumidos en el SNS; y finalmente, porque “el
número de unidades que contienen los envases de los antibióticos
ya está bastante ajustado a la realidad de su empleo”,
expuso Zaragozá.
Antibióticos de mayor consumo
en 2001
| La aclaración
de la ministra de Sanidad, Ana Pastor, respecto al verdadero
objetivo del programa de dispensación personalizada
de medicamentos en unidosis -el uso racional del medicamento
y nunca el ahorro farmacéutico- se pone de manifisto
al analizar los 35 principios activos más consumidos
en el Sistema Nacional de Salud en 2001. Según estos
datos, tan sólo dos de los antibióticos incluidos
en el proyecto piloto, la claritromicina y el ciprofloxacino,
se encuentran en esta lista. Además, la claritromicina
ocupa el puesto número 26 y el ciprofloxacino se sitúa
en el penúltimo lugar de este “ranking”.
A este respecto, también fue destacable en 2001 la
reducción en el consumo de este antibiótico,
calculado tanto por número de envases (-39,52 por ciento)
como por gasto (-36,91 por ciento).

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Prescripción
por DCI
Los antibióticos que se han incorporado
en este programa, que tiene una duración de seis meses, son
la amoxicilina, la amoxicilina + clavulánico, la claritromicina,
la cefuroxima axetilo y el ciprofloxacino. Para todos ellos se aplica
la prescripción por principio activo y así el farmacéutico
puede dispensar un genérico, salvo en el caso de la cefuroxima,
especialidad farmacéutica de la que no existe genérico
en el mercado. De este modo, el MSC consigue un doble objetivo:
el uso racional de los antibióticos y el fomento de los medicamentos
genéricos.
Además, únicamente se han seleccionado envases clínicos
presentados en dosis unitarias (para evitar que la manipulación
afecte a la calidad del producto) y han sido elegidos por los servicios
regionales de salud de entre las especialidades bioequivalentes
disponibles en este tipo de envases.
El facultativo, por su parte, es el encargado de entregar al paciente
la información escrita sobre el contenido del programa y
su participación en el mismo, explicándole que su
colaboración es necesaria para mejorar el uso racional de
los antibióticos. Mientras, el farmacéutico entrega
las dosis unitarias prescritas por el médico dentro de un
envase adecuado, donde se especifica la especialidad dispensada
y el número de unidades e incluye un prospecto autorizado
de la especialidad farmacéutica.
En este marco de actuación, se hace indispensable una estrecha
colaboración entre los farmacéuticos, los médicos
de Atención Primaria, los gerentes de centro y los responsables
de los servicios de salud. Los facultativos participantes en el programa
tienen la misión de prescribir estos antibióticos por
DOE e informar a los pacientes sobre su participación en el
programa-piloto.
De hecho, el colectivo médico se mostró desde el principio
muy favorable a esta medida, habida cuenta del mal uso de los antibióticos
que se hace en España y del incremento de las resistencias
bacterianas. Centros de salud participantes
Así, son varios los centros de salud que participan en este
programa: 30 en Galicia, once en Extremadura y dos en el País
Vasco.
A los tres meses de comenzado el programa se realizará un
primer control, y otro más extenso cuando finalice, que evaluarán
una serie de indicadores, como la satisfacción de usuarios
y de profesionales, la efectividad de los tratamientos, el cumplimiento
terapéutico, el ahorro económico y la reducción
de resistencias bacterianas.
Si los resultados de la evaluación son favorables es posible
que este programa se prorrogue en el tiempo e, incluso, que se haga
extensible a otros grupos terapéuticos “más
adecuados a la dispensación personalizada de medicamentos”,
tal y como han reclamado representantes profesionales y empresariales
de los farmacéuticos.
Así, este colectivo siempre consideró que “los
sistemas personalizados de dosificación están más
indicados para pacientes crónicos y polimedicados (a quienes
se puede realizar un seguimiento de su adherencia al tratamiento)
que para agudos, como demuestra el programa SIDD implantado en
Cataluña desde hace ya algunos años”, era la
idea más repetida entre los farmacéuticos.Si la mayoría
de los farmacéuticos se mostró contrario en un principio
al sistema de unidosis, no así la industria que, desde Farmaindustria,
confirmó su disposición a colaborar en cualquier programa
de uso racional del medicamento que pusiera en marcha el Ministerio.
De hecho, este proyecto tiene algunas implicaciones para las compañías
farmacéuticas, “ya que las obliga a disponer de un
envase a granel (unidosis), que actualmente sólo podría
ser suministrado por los laboratorios que ya dispongan de envase
clínico en unidosis”, explica Zamorano.
Además, actualmente la responsabilidad final en caso de reclamación
por efectos secundarios del medicamento es de la industria farmacéutica
ya que el laboratorio es responsable del producto e información
tal como se distribuye. “Pero si se produce una manipulación
(reenvasado, entrega de prospecto o información) por parte
del farmacéutico ¿qué seguridad existe de que
dicho reenvasado o información se haya realizado de forma
correcta?”, se pregunta Zamorano.]
| Repercusión
del programa de unidosis en el uso racional de antibióticos
La racionalización del consumo de antibióticos
significa reducir la automedicación, el incumplimiento
terapéutico y el almacenaje casero de medicamentos.
Para José Prieto, catedrático de Microbiología
de la Universidad Complutense de Madrid, el programa de unidosis
no acabará con la automedicación, puesto que
ya hay una legislación que prohíbe dispensar
fármacos sin receta. Por ello, “para conseguir
este fin basta con aplicar la normativa”, asevera. Respecto
al incumplimiento terapéutico y al almacenaje de antibióticos,
“tampoco garantiza que los pacientes finalicen su tratamiento
y que no guarden las dosis sobrantes en su casa”, opina
Prieto. En su opinión, el problema con los antibióticos
se debería resolver con la aplicación rigurosa
de la legislación vigente y la educación sanitaria.
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