Los argumentos planteados por el departamento para defender esta decisión son muy similares a los utilizados en su momento por la Junta andaluza. Así, fuentes oficiales del mismo alegan que tanto Vioxx, comercializado por MSD, como Celebrex (Pharmacia y Pfizer) están siendo utilizados de forma inadecuada, por lo que se ha registrado un incremento excesivo en el consumo de estas especialidades que repercute negativamente en la evolución del gasto farmacéutico.
Estos medicamentos están indicados para el tratamiento sintomático de la artrosis y la artritis reumatoide, pero a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos (Aines), utilizados tradicionalmente para aliviar los síntomas de estas enfermedades, presentan un perfil de seguridad superior y una menor incidencia de complicaciones gastrointestinales.
Sin embargo, por tratarse de unos fármacos innovadores, que conllevan un enorme coste en Investigación y Desarrollo y que han sido evaluados y contrastados en estudios clínicos muy rigurosos, su precio es más elevado que el de los Aines tradicionales. Por ello, las razones que han llevado al Ministerio de Sanidad a poner restricciones a la prescripción y dispensación de los coxibs parecen responder más a motivos económicos que a los estrictamente sanitarios.
Por su parte, las compañías farmacéuticas que comercializan estos medicamentos en España niegan un uso inadecuado de Vioxx y Celebrex y un excesivo consumo de los mismos, al mismo tiempo que denuncian que la resolución del MSC no se basa en criterios objetivos, sino en fundamentos puramente economicistas.
En este sentido, puntualizan que al valorar los costes económicos generados por los coxibs no se ha tenido en cuenta criterios como el ahorro derivado de la no utilización de gastroprotectores, de la reducción de ingresos hospitalarios o de la disminución de pruebas diagnósticas relacionadas con el daño gastrointestinal. En cualquier caso, desde Pharmacia aseguran que “Celebrex se está prescribiendo teniendo en cuenta las recomendaciones incluidas en la guía de uso racional de los coxibs editada por Sanidad y respetando las indicaciones para las que fue aprobado por la Agencia Española del Medicamento”. De hecho, según estimaciones de la compañías las ventas alcanzadas por Celebrex están por debajo de las previsiones que se le presentaron a Sanidad a la hora de negociar el precio del producto.
Por su parte, la compañía MSD considera que la medida adoptada por Sanidad “está injustificada”, ya que favorece indirectamente a tratamientos alternativos menos eficaces y con más complicaciones.
Para MSD la imposición de este trámite burocrático pone en duda el juicio clínico de los profesionales médicos; supone una intromisión en su labor asistencial; y limita la capacidad de elección de los mismos, así como su libertad de prescripción para determinar cuál es el tratamiento más adecuado para su paciente en cada momento.
En esta línea, el presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología, Jesús Tornero, puntualiza que, aunque desde esta sociedad se reconoce la potestad de Sanidad de aplicar restricciones a la prescripción y dispensación de medicamentos, “ha sido el propio Ministerio el que ha aprobado Vioxx y Celebrex, fijado su precio y otorgado al médico la capacidad para optar por una alternativa terapéutica cuya seguridad gastrointestinal ha sido contrastada y evaluada en estudios clínicos rigurosos”.
Respecto a las pautas de prescripción de estas dos especialidades, Tornero explica que “los coxibs están siendo recetados en pacientes de alto riesgo que presentan unos determinados condicionantes, como edad avanzada, problemas gastrointestinales, antecedentes de úlceras o uso concomitante de antiinflamatorios”.
Finalmente, Tornero asegura que “los coxibs son productos farmacéuticos con valor añadido, eficaces y seguros que han sido prescritos en unas condiciones muy específicas y para unos pacientes concretos que se han visto muy beneficiados”.
Precisamente, los más perjudicados por la medida son los pacientes, según las compañías comercializadoras de sendas especialidades, pues generalmente estos están aquejados de problemas de movilidad y se les obliga a hacer desplazamientos adicionales para conseguir el visto bueno del inspector. Precisamente, los más perjudicados por la medida son los pacientes, según las compañías comercializadoras de sendas especialidades, pues generalmente estos están aquejados de problemas de movilidad y se les obliga a hacer desplazamientos adicionales para conseguir el visto bueno del inspector.
En esta línea, el presidente de la Liga Reumatológica Española, que aglutina a más de 60 asociaciones de pacientes en España, Javier Paulino, señala que “la medida adoptada por Sanidad es inaceptable, pues una vez más se omite al paciente en favor de una cuestión económica” Así, recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el paciente sea el centro de cualquier decisión sanitaria, algo que no se ha tenido en cuenta.