Recursos asistenciales
No obstante, las diferencias más importantes entre las distintas comunidades se refieren, no tanto a sus presupuestos sanitarios, como a los recursos y a los servicios asistenciales heredados del Insalud. Por otra parte, es lógico que estas regiones no se encuentren al mismo nivel en recursos, prestaciones y servicios que Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Navarra y Andalucía, que gestionan y ejecutan sus políticas sanitarias desde hace ya tiempo, pero que también han pasado por una fase de adaptación de los recursos del Insalud a su propia realidad social y económica. Así, el Servicio Andaluz de Salud cuenta con 1.426 centros de salud, lo que supone un centro por 5.192 habitantes, una cifra que contrasta con la situación de las Islas Baleares, donde existe un centro de salud por 18.694 habitantes. De la misma manera, Murcia y la Comunidad Valenciana registran un menor número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, (1,83 y 2,08 respectivamente), que, por ejemplo, Cantabria (4,65) o Aragón (4,60).

Gasto sanitario por comunidades:

Para paliar situaciones de este tipo, algunas consejerías de Sanidad han firmado acuerdos de colaboración para prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos de aquellas comunidades que no pueden acceder en igualdad de condiciones a determinados servicios. Este es el caso del protocolo de coordinación firmado entre Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, en virtud del cual estas regiones se comprometen a colaborar, cooperar y coordinar acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos, remuevan los obstáculos que podrían dificultar la atención sanitaria a los pacientes y participen de experiencias y conocimientos que consoliden el Sistema Nacional de Salud.
También el llamado Fondo de Suficiencia, previsto en la nueva Ley de Financiación Autonómica, contribuirá a cubrir las diferencias entre las necesidades de gasto de cada CC.AA. y su capacidad fiscal, así como a garantizar la mayor equidad en el acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio español.
Esta norma aprobada por el Gobierno central en julio del pasado año es el elemento decisivo que permitirá a todas las comunidades adquirir una mayor responsabilidad en la autofinanciación de la sanidad. De hecho, esta Ley y el proceso de transferencias sanitarias están tan ligados entre sí, ya que el rechazo del segundo conllevaba la no aplicación de este nuevo modelo de financiación autonómica. La norma prevé la cesión a las comunidades autónomas de una serie de tributos, como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (con carácter parcial y hasta un límite máximo del 33 por ciento), y los impuestos sobre el valor añadido (carácter parcial con el límite máximo del 33 por ciento), el alcohol y el tabaco (estableciendo el límite en el 40 por ciento) patrimonio, sucesiones y donaciones, electricidad y determinados medios de transporte.
La cesión de estas tasas ha sido un paso clave para garantizar la responsabilidad de los gobiernos autonómicos en la gestión de sus recursos y en la forma de financiación de los mismos. Sin embargo, las autonomías están obligadas a gastar en asistencia sanitaria la recaudación obtenida con la cesión de estos impuestos. Algunas voces críticas provenientes de sectores políticos y profesionales han asegurado que esta medida provocará el aumento de las desigualdades en el ámbito de la asistencia sanitaria, ya que no todas las CC.AA. tienen la misma capacidad de recaudación, por lo que su presupuesto dedicado a la sanidad será menor, lo que redundará en una menor cantidad de recursos sanitarios y en una peor prestación de servicios de salud.

Distribución de recursos asistenciales:

Financiación de la sanidad
Otra forma de financiación de estos presupuestos es el nuevo y controvertido impuesto sobre los hidrocarburos, cuya aplicación en su tramo estatal es obligatoria en aquellas comunidades que quieran asumir las competencias. La medida fija el establecimiento de una tasa especial de 4 pesetas (0,002 euros) por litro de gasolina, que recaudarán las comunidades pero irán a parar el Fondo de Suficiencia Estatal. El tramo autonómico del impuesto (de hasta 1,6 pesetas por litro de gasolina) es de aplicación voluntaria y su importe irá creciendo hasta alcanzar las 4 pesetas por litro en el año 2004. Así, el Gobierno espera conseguir un ahorro de más de 811 millones de euros para este fondo, al mismo tiempo que otorga capacidad normativa a las comunidades para incrementar la parte autonómica del impuesto si tienen necesidad de más financiación de la prevista. A pesar de las reticencias iniciales de las regiones gobernadas por el PSOE y de algunas del PP, esta medida finalmente fue incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, aunque las CC.AA. ya han anunciado que de momento no van a aplicar el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos.

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Rev Esp Econ Salud Mar 2002;1(1)